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EL PACTO ROCA-RUNCIMAN Y LOS FONDOS BUITRES
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editorial de la
cultura urbana
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EL PACTO ROCA-RUNCIMAN Y LOS FONDOS BUITRES
Decía Marco Tulio Cicerón, «Historia magistra vitae et testis
temporum» (La historia es maestra de la vida y testigo de los tiempos) y
si bien es cierto que la historia nunca se repite, su conocimiento deja
valiosas enseñanzas, sobre todo para confirmar que, a pesar del paso
del tiempo y de la modificación de los sucesos, los protagonistas suelen
repetir sus comportamientos. Por eso nos parece importante relacionar
el fallo del juez Griesa con el pacto Roca-Runciman, como una forma de
mostrar el comportamiento de determinados sujetos sociales y las
consecuencias funestas que el mismo puede traer para el futuro del país
El 24 de octubre de 1929 se produjo una estrepitosa caída de las
acciones y demás valores negociables en la Bolsa de Nueva York, lo que
generó una crisis económica sin precedentes que se inició en los Estados
Unidos y que muy pronto se trasladó al resto de los países.
Las potencias dominantes rápidamente pusieron en ejecución
políticas proteccionistas, que consistieron en la instalación de barreras
aduaneras para proteger sus economías y trasladar los efectos de la
crisis al resto del mundo. Esto se tradujo en una vertiginosa caída en los
precios de las materias primas, que eran la base de la riqueza de los
países más pobres, y en la consiguiente disminución de la participación
de sus productos en el comercio mundial, lo que dejó en el mayor
desamparo a las naciones menos desarrolladas.
En un país como el nuestro, las exportaciones dejaron de ser la
palanca del crecimiento económico, ya que los principales grupos que
detentaban el poder nada habían hecho para crear una demanda interna
importante. Fue imposible volcar los excedentes de la producción a un
mercado interno absolutamente pobre e incapacitado para absorberlos.
Esto llevó a disminuir la producción, con el consiguiente aumento de la
desocupación, en un perverso círculo de pobreza.
Para completar el cuadro de situación, es necesario consignar que
la caída de las exportaciones, fue acompañada con una reducción en la
afluencia de capitales, lo que terminó desordenando por completo, las
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finanzas del Estado. Esto tuvo su repercusión en el empleo público, que al
disminuir, ayudó a llevar la desocupación a niveles altísimos. Con ese
panorama económico se encontró un Hipólito Yrigoyen, ya anciano, luego
de haber asumido su segunda presidencia el 12 de octubre de 1928.
Los productores agropecuarios y los grandes grupos económicos,
que se sentían desamparados ante la caída de sus ingresos, entendían
que el líder radical, que había sido plebiscitado en las elecciones
presidenciales, era ineficiente para enfrentar la crisis y sobre todo para
asegurarles que sus ingresos y sus capitales no serian afectados.
La prensa, tradicionalmente ligada a esos grupos económicos, inició
una virulenta campaña periodística, señalando la existencia de una gran
corrupción y de una manifiesta incompetencia del gobierno. El resultado
de la misma fue exitoso y con esa prédica se logró que buena parte de los
sectores populares abandonaran la adhesión a la figura de Yrigoyen.
Finalmente, el 6 de setiembre de 1930, el general José Félix Uriburu, con
una fuerza integrada por cadetes del Colegio Militar, algunos pocos aviones
de la base de El Palomar y un contingente de soldados, no muy numeroso,
partió de la guarnición militar de Campo de Mayo para tomar la Casa
Rosada y derrocó al presidente constitucional, iniciando en el país la era
de los golpes militares. El golpe militar puso fin a un gobierno legítimamente
elegido por el pueblo en elecciones libres; finalmente el poder quedó en
manos de los grupos de mayor poder económico.
Los países poderosos buscaron que la crisis la pagaran las naciones
más pobres y dentro de esas naciones, los ricos trasladaron las
consecuencias de esa crisis a los sectores de menores recursos. Entre
1930 y 1932 el ingreso per cápita de los argentinos se redujo en promedio
casi un 20%, y sin dudas, esa disminución del ingreso fue mucho mayor
en las clases más humildes.
La conferencia de Ottawa
Para definir las acciones a seguir en busca alternativas para superar
la situación mundial, en el mes de julio de 1932 se reunieron en la ciudad
de Ottawa (Canadá), los integrantes de la «British Commonwealth of
Nations», la comunidad de naciones británicas que en noviembre del año
anterior había aprobado el Parlamento inglés.
Esa federación de países, según la estimación del diario «Evening
Standard», era una unidad económica capaz de autoabastecerse y se
reunía bajo el lema: «Home produce first, empire produce second, foreign
produce last», (primero la producción propia, luego la del Imperio y por
último la extranjera).
Lo acordado en la reunión de Ottawa básicamente consistía en
dar protección a las producciones de los países integrantes del
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«Commonwealth» y establecer una fuerte protección aduanera para
impedir el ingreso de mercaderías de países extranjeros, entre los que
se encontraba la Argentina.
Pero la relación del país con la Gran Bretaña tenía características
muy especiales y la prensa inglesa lo recordó al reclamar soluciones para
sus inversores. Sir Malcom Robertson señalaba en el diario «The Times»
que las inversiones inglesas en nuestro territorio ascendían a 600 millones
de libras esterlinas, de las cuales 375 millones correspondían a las
empresas ferroviarias. Eran de propiedad británica más de 25.000 kilómetros
de vías férreas, las líneas tranviarias, la producción de gas, buena parte de
los establecimientos frigoríficos, importantes superficies boscosas, como
las dedicadas a la producción de tanino en manos de La Forestal y grandes
superficies de campos con millones de cabezas de ganado.
Además los británicos se beneficiaban con la venta de locomotoras,
vagones, carbón y el resto del material para esas explotaciones y existía
un importante intercambio de mercaderías que se transportaban en buques
de bandera inglesa y con seguros contratados en compañías británicas.
Las explotaciones británicas en la Argentina generaban importantes
utilidades y por tal razón, las presiones de los países integrantes de la
comunidad para impedir las compras de carne enfriada (chilled), y trigo
argentino, no iban a revestir demasiada entidad, en razón de los citados
lazos económicos. Concluía Sir Robertson en el artículo periodístico sobre
la necesidad de «no inferir un golpe a los propios intereses ingleses».
A la hora de negociar, nuestros gobernantes deberían haber tenido en
cuenta que, de la misma forma que en Inglaterra se levantaron voces en
contra de conceder una situación especial a nuestro país, numerosas opiniones
hacían referencia a los perjuicios que la limitación de las compras en la Argentina
ocasionaría a las empresas británicas radicadas en nuestro territorio.
Los británicos de todos modos no dejaron pasar por alto la
oportunidad de sacar beneficios de la falta de patriotismo de los integrantes
del gobierno nacional. Una bien llevada campaña de prensa en nuestro
país, alentada por los productores agropecuarios y las propias empresas
inglesas, convenció a muchos argentinos, que a partir de la Conferencia
de Ottawa se avecinaban tiempos muy difíciles y que si no se acordaba
con los británicos la economía nacional fatalmente entraría en una crisis
que afectaría a todos los ciudadanos. En síntesis, se preparó al país
para llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, sin tener en cuenta que la
debilidad argentina era más aparente que real.
El pacto Roca-Runciman
En esas condiciones se llegó a la firma de este tratado entre nuestro
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país e Inglaterra, definido con absoluta precisión como el estatuto legal
del coloniaje. Los miembros de la oligarquía agropecuaria y sus socios
externos fueron los que tuvieron participación decisiva en el derrocamiento
de Yrigoyen e impusieron la fórmula gobernante, así es que no puede
pensarse ninguna acción del gobierno que no estuviera fuertemente
condicionada por los mismos.
Era lógico esperar entonces, que las autoridades políticas
entendieran de la mayor importancia el envío de una misión diplomática
a Londres, para explicar a «el mejor cliente de la Argentina», las
preocupaciones derivadas del perjuicio económico, que sufrirían los
productores agropecuarios por las medidas que pudiera tomar la corona
británica, obviando intencionadamente explicitar los perjuicios que sufrirían
las empresas británicas radicadas en el país.
La negociación estuvo a cargo de una comitiva integrada por el
vicepresidente de la Nación, Julio A. Roca (h), el Dr. Guillermo
Leguizamón, un abogado catamarqueño de gran influencia en los círculos
financieros porteños que era presidente del directorio argentino de los
ferrocarriles ingleses. Tan estrecho era el vínculo con Inglaterra, que con
el tiempo, por los servicios prestados a favor de ese país, Leguizamón
se convirtió en caballero de la corona británica. Participaban de la comitiva,
el economista Raúl Prebisch, el diputado Miguel Ángel Cárcano en
representación de los ganaderos, y completaban la nómina Carlos
Brebbia, Aníbal Fernández Beiró y Toribio de Ayerza.
Las palabras del vicepresidente argentino en Londres no dejaron dudas
sobre las expectativas de los negociadores y su postura de sumisión al
imperialismo británico. Expresó Julio A. Roca (h): «Ha podido decir un
publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su
interdependencia reciproca es, desde el punto de vista económico,
una parte integrante del Imperio británico». El citado Leguizamón, con
notoria imprudencia por su condición de negociador argentino, reflejando el
pensamiento oficial y la realidad de los hechos afirmó, «la Argentina es
una de las joyas más preciadas de la corona de su Graciosa Majestad».
La misión argentina compartía la temeraria afirmación de un
parlamentario inglés, Sir Heribert Samuel, quien en la Cámara de los
Comunes, afirmó: «Siendo de hecho la Argentina una colonia de Gran
Bretaña le conviene incorporarse al Imperio». A partir de estas
afirmaciones, el ministro inglés Walter Runciman, tuvo expedito el camino
para obtener un convenio absolutamente favorable para su país que se
firmó el 1º de mayo de 1933. Algunos años después, y en consonancia
con la distinción que le confirió la corona británica, Sir Guillermo Leguizamón,
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calificó al acuerdo como el más importante en la historia financiera de la
nación. La minoría privilegiada ligada al negocio agropecuario y los
intereses ingleses, lograron proteger sus privilegios. Poco o nada le
importó a esos grupos, dueños del poder real, los perjuicios que para la
mayor parte de los argentinos ocasionó el tratado.
De acuerdo al mismo Inglaterra se comprometió a evitar restricciones
a las compras de carne argentina, pero a cambio de esa seguridad otorgada
en beneficio de los grupos terratenientes, el 85 por ciento de la carne
exportada a Inglaterra quedó en manos de empresas británicas. En virtud
del tratado, también se prohibió la instalación de frigoríficos de capital
argentino que tuvieran por finalidad el lucro, lo que aseguraba el monopolio
de los mismos al capital extranjero. Resulta difícil entender, que el gobierno
argentino decidiera aceptar que la existencia de empresas con fines de
lucro, fuera un beneficio sólo reservado a los británicos.
El control de cambio, creado durante el gobierno de Uriburu, no se
aplicaría en el caso de las remesas de utilidades que hicieran las empresas
inglesas, esto originó la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Hueyo
en desacuerdo con la medida. El gobierno argentino dejó sin efecto la
reducción de las tarifas ferroviarias vigentes desde enero de ese año y que
perjudicaba a las empresas ferroviarias inglesas. Por otra de las cláusulas
del pacto se suspendió la aplicación de un decreto que gravaba la
importación de productos ingleses, con el consiguiente perjuicio para la
incipiente industria argentina que, entre otras cosas, fabricaba a través de
la firma Rigolleau, «vidrio inglés» de muy buena calidad.
Al momento de firmarse el tratado, existían utilidades de empresas
británicas por nueve millones de libras esterlinas, que no estaban
autorizadas para su giro a Inglaterra. El gobierno contrató entonces un
empréstito en ese país, por trece millones de libras, que fue destinado a
solucionarle el problema a esas firmas lo que significó, como lo señalara
Raúl Scalabrini Ortiz, la conversión de ganancias internas de las empresas
británicas en deuda externa del estado nacional y el diputado socialista
José Luis Pena, dijo en la Cámara de Diputados: «En una palabra,
9.273.000 libras esterlinas fueron aplicadas a este concepto. El gobierno
fue obligado a emitir este empréstito, cuya amortización se extiende por
el plazo de veinte años, para facilitar la repatriación de las utilidades
acumuladas por esas empresas».
Otro de los artículos del pacto comprometía al gobierno argentino
a defender los intereses británicos amenazados por las líneas de
colectivos que habían absorbido gran parte del caudal de pasajeros del
ferrocarril y de los tranvías (la disminución del tráfico de pasajeros de
dichos medios llegaba al 83 por ciento). La intervención del gobierno en
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la cuestión, formó parte de los hechos que más críticas generaron,
respecto de las cláusulas humillantes del pacto Roca-Runciman, y puede
ser señalada como una muestra cabal de su intención de servir los
intereses de los más fuertes, en perjuicio de los más débiles. El gobierno
de Justo, intervino para proteger la ineficiencia de las empresas de
transporte de propiedad inglesa que no hacían inversiones y castigaba la
eficiencia y el ingenio de las pequeñas empresas nacionales.
El protocolo del pacto Roca-Runciman, establecía en su artículo
segundo «Que el gobierno del Reino Unido está dispuesto a cooperar
con el gobierno argentino para una conjunta investigación de la estructura
económica y financiera del funcionamiento del comercio de las carnes,
con especial referencia a los medios a adoptarse para asegurar un
razonable beneficio de los ganaderos».
Esta colaboración se tradujo en un «trust de cerebros», como
decían los diarios de la época que le permitió al Ministro de Hacienda
Federico Pinedo mandar al Congreso, en menos de dos meses, seis
proyectos que permitieron la creación del Banco Central, la ley de Bancos,
el Instituto Movilizador, la ley orgánica del Banco Hipotecario, la ley
orgánica del Banco Nación y la ley de Organización del Banco Central.
El propio Pinedo reconoció que la autoría del proyecto de creación del
Banco Central, era obra del experto inglés, Sir Otto Niemeyer.
Desde la creación del Banco Central y hasta su nacionalización
en 1946, el crédito y la emisión de moneda de nuestro país quedaron en
manos de esta sociedad mixta que, notoriamente en los hechos, respondía
a las influencias y directivas de los representantes del capital inglés. En
su libro «Política británica en el Río de la Plata», Raúl Scalabrini
Ortiz criticó el tratado y las consecuencias que del mismo se derivaron.
El autor, que no era un economista sino un escritor comprometido
con el país, consignó un dato de sumo interés para comprender como se
reflejaron las consecuencias del tratado en la vida cotidiana de la gente:
«El pueblo argentino come poco y vive mal para que el pueblo inglés viva
bien. El enervamiento de nuestras energías, en beneficio de las energías
inglesas, se traduce inmediatamente en todos los índices vitales
observables. El promedio de la duración de la vida humana es en Buenos
Aires de 38 años 4 meses. En Londres, es de 53 años 6 meses. Datos
oficiales. El promedio de la vida porteña es muy elevado con relación al
interior. En San Juan el término medio de la vida humana es de 24 años
8 meses, debido casi exclusivamente a alimentación miserable: 100
gramos de carne por día y seis cucharadas de leche».
La realidad actual
La situación actual no es la misma, las razones por las que la
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Argentina debe litigar son la consecuencia de decisiones tomadas durante
un gobierno surgido de un golpe de estado y en ese hecho comienzan a
aparecer similitudes y actores que nos llevan a tener en cuenta lo sucedido
con el pacto Roca- Runciman.
Es importante recordar que lo que se está discutiendo es un fallo del
juez norteamericano Thomas Griesa, que obliga a Argentina a alrededor de u$s
1.500 millones al fondo NML Capital, de Paul Singer, y otros litigantes, por sus
bonos en default. Los demandantes aducen que la cláusula de pari passu o
tratamiento igualitario de sus títulos, fue violada porque el país otorgó un trato
privilegiado a quienes aceptaron el canje de deuda al pagarles. La Justicia de
Nueva York conminó al país a pagar el 100% del reclamo en efectivo y obligó a
los agentes de pago, el Bank of New York y otras entidades de clearing, a
retener los pagos de deuda reestructurada si Argentina no cumple.
Es importante señalar que el 92,4% de los acreedores aceptó los
dos canjes de deuda propuestos por la Argentina, un 76% en el año 2005
y el resto en una nueva apertura hecha en el año 2010. La mayor parte
de esa deuda viene del default que decidió la Argentina en el año 2001,
cuando el total adeudado llegaba al 160% del PBI, lo que hacía
prácticamente inviable el pago. En ese momento, los fondos buitres
adquirieron los títulos a valores bajísimos y hoy reclaman el pago de los
mismos con una ganancia sideral que constituye sin ninguna duda un
interés altamente usurario para una operación normal. En la actualidad
el fallo del juez Griesa a favor de los buitres transformó una deuda de u$s
428 millones en la suma de u$s 1.650 millones en cuya composición el
74% son intereses caídos y punitorios.
El importe originalmente reclamado de 428 millones tiene en su
componente bonos y cupones que aún no vencieron pero el fallo los
transforma también en exigibles. Por otra parte si toda la deuda que no
entró en el canje se acopla al fallo de Griesa, algo muy probable, se
transforma en u$s 15.000 millones considerando la deuda con legislación
Nueva York o en u$s 22.000 millones si se toma en cuenta toda la deuda
que no entró en el canje.
El origen de la deuda
Es importante conocer cuál ha sido el origen de la deuda que la
Argentina declaró en default en el año 2001. Esto nos remite a la dictadura
militar que azotó el país entre los años 1976 y 1983. En su carta abierta
a la Junta Militar que hizo conocer Rodolfo Walsh, al cumplirse el primer
año de ese golpe de estado, dejaba al descubierto los verdaderas objetivos
de los militares y fundamentalmente, de los grupos económicos que los
apoyaron: «En la política económica de ese gobierno debe buscarse no
sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga
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a millones de seres humanos con la miseria planificada».
El plan económico de la Junta militar fue ideado por el primer
Ministro de Economía del Proceso, José Alfredo Martínez de Hoz, una
figura estrechamente relacionada con los sectores financieros
internacionales y sus socios locales. Se trataba de un plan económico
de corte totalmente ortodoxo, enmarcado en la ideología neoliberal surgida
de la Escuela de Chicago cuyo mentor era Milton Friedman. La política
de Martínez de Hoz y sus sucesores trajo como consecuencia un aumento
de la deuda externa que pasó de unos 5 mil millones de dólares en l975,
a 8.500 millones en 1979, en 1981 superó los 25.000 millones, llegando
al final del gobierno militar a los 45.000 millones de dólares.
El tamaño desmesurado de la deuda contraída por los militares y
sus aliados civiles condicionó el funcionamiento de la economía nacional.
Con esa realidad se encontró el presidente Alfonsín al asumir su gobierno
a finales de 1983. La política económica de Martínez de Hoz y sus
seguidores no solamente habían provocado una profunda crisis en todo
el aparato productivo sino que habían dejado una relación de dependencia
extrema con los acreedores externos. El enorme peso de la deuda
externa, unos 45.000 millones de dólares, limitaba seriamente la libertad
de acción y las posibilidades de la nueva gestión.
En un primer momento el gobierno se fijó otras prioridades, se
privilegió la reconstrucción de la estructura política y jurídica antes que
encarar los problemas económicos. Quizás se supuso que los gobiernos
democráticos europeos, que miraban con simpatía el nuevo camino
iniciado por la Argentina, iban a colaborar para resolver el problema
fundamental que era la deuda externa. Esta hipótesis resultó errada y el
contexto regional, con países viviendo similares cuadros económicos,
pero todavía bajo regímenes militares aliados a los grupos financieros
internacionales, tampoco era favorable. No existía la posibilidad de
conformar un club de deudores como fue la intención del gobierno de
Alfonsín. El gobierno estaba en un callejón sin salida lo que lo llevó el 6
de febrero de 1989 a devaluar la moneda. Esto inició una loca carrera
entre dólar, peso e inflación que terminó en la hiperinflación.
El recrudecimiento del proceso inflacionario deterioró seriamente
la base política de Alfonsín, inclusive dentro de su propio partido. Se
trató de mantener la paridad cambiaria buscando ayuda externa que cada
vez se hacía más difícil y onerosa. Un economista, con fluidas relaciones
con la banca internacional, Domingo Cavallo, recordado por estatizar la
deuda privada en su paso como presidente del Banco Central durante el
Proceso, recomendó a los organismos de crédito internacional (FMI y
Banco Mundial) que no ayudaran a la Argentina, en una actitud que sin
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duda merecía la calificación de «traición a la patria» por aplicación de lo
dispuesto en el Código Penal.
En julio de 1989, en medio de la hiperinflación y los saqueos,
asumió la presidencia de la Nación Carlos Menem. Desde un primer
momento modificó en ciento ochenta grados el rumbo económico que
había anunciado en la campaña electoral. Tuvo el apoyo de las grandes
corporaciones, su Ministro de Economía era directivo de Bunge y Born,
tuvo la bendición del referente máximo del liberalismo argentino, Álvaro
Alsogaray, y de los Estados Unidos, con cuya política exterior se alineó
decididamente colocando a Domingo Cavallo como canciller, quien a partir
de abril de 1991 se hizo cargo de la conducción económica.
En la primera etapa de su gobierno, Menem, que encargó el manejo
de la economía nacional a Bunge y Born, implementó un plan económico
que llevó en nombre de esa empresa multinacional y que estableció el
control de precios, el cierre a las importaciones y la convocatoria a
negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. Además aprobó
la ley de Reforma del Estado y la ley de Emergencia Económica, que
esbozaba un amplio plan de privatizaciones y dotaba al Ejecutivo de amplias
facultades. Pero este plan no pudo frenar ni la inflación, ni la recesión.
Fracasado ese plan se hizo cargo de la conducción económica
Antonio Erman González, quien decidió el canje compulsivo de depósitos
a plazos fijos por bonos externos. Esa medida le permitió al gobierno
salir de la crisis, lograr una cierta estabilidad para poder encarar la etapa
siguiente ya bajo la conducción de Domingo Felipe Cavallo.
Uno de los ejes fundamentales de la política del gobierno de Menem
fue la privatización de las empresas públicas y encaró el proyecto
privatizador como un elemento fundamental de gobernabilidad; para ello
concretó una alianza entre los intereses de los contratistas y la de los
acreedores externos a través de una privatización subsidiada, que no
solamente no afectara dichos intereses sino que acrecentara las
ganancias. Además para dar un tinte formal a la operación dio
participación a los legisladores haciendo que todo el proceso privatizador
fuera aprobado por el Congreso.
La adscripción de la Argentina a las políticas del Consenso de
Washington le valió el reconocimiento internacional. Las políticas
implementadas por el gobierno de Menem incluyeron acuerdos que
hicieron más fuerte la dependencia del país con los grupos financieros
internacionales. En las decisiones del gobierno de Menem, que
incluyeron la cesión de la resolución legal de las controversias
con títulos de la deuda pública a los tribunales de Nueva York y la
aceptación del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de
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Diferencias relativas a Inversiones), dependiente del Banco
Mundial, para resolver los eventuales conflictos con la empresas
privatizadas, se halla el origen de la grave situación por la que
atraviesa el país en su disputa con los fondos buitres.
Los ingresos por la privatización de bienes del Estado representaron
alrededor de 25.000 millones de dólares de los cuales un poco menos de
la mitad, unos 12.000 millones de dólares, fueron en efectivo y el resto
en títulos de la deuda a valor nominal. Sin embargo la deuda externa
que en 1983 era de unos 45.000 millones de dólares (siete veces
más que cuando los militares tomaron el poder), pasó al finalizar
el mandato de Alfonsín a unos 60.000 millones de dólares y durante
el gobierno de Menem se duplicó, pese a lo recaudado por la
venta de las empresas públicas.
En las elecciones del 24 de octubre de 1999, la Alianza por el
Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó como candidatos a Fernando
de la Rúa y Carlos Álvarez venció a la fórmula del peronismo que
encabezaban Eduardo Duhalde y Ramón Ortega.
El 10 de diciembre asumió el nuevo gobierno y la composición del
gabinete de ministros provocó sorpresa, preocupación e incertidumbre,
ya que cuatro economistas de la línea liberal formaban parte de él: José
L. Machinea (Economía), Adalberto Rodríguez Giavarini (Relaciones
Exteriores), Juan J. Llach (Educación) y Ricardo López Murphy (Defensa),
esto mostraba que la línea económica del nuevo gobierno sería una
continuidad del anterior.
Se trató de resolver la crisis económica heredada financiándola con
ayuda exterior. Nada había cambiado. Se negoció un nuevo préstamo, el
«blindaje financiero», otorgado por el FMI, que profundizó aún más la crisis.
La crisis económica era consecuencia directa del «corset»
provocado por la ley de convertibilidad y siguiendo un razonamiento tan
sencillo como falaz, se llamó al «padre de la criatura» para resolverlo. El
20 de marzo asumió como Ministro de Economía Domingo Cavallo al
que cometiendo una clarísima violación de los derechos ciudadanos, el
Congreso le otorgó poderes especiales («superpoderes») con la excusa
de que eran necesarios para resolver la grave crisis económica de la cual
él era el principal responsable.
Entre las medidas tomadas por Cavallo se destaca el acuerdo con
el FMI en el llamado «megacanje» por 30.000 millones de dólares. Una
medida que permitió a los banqueros y tenedores de títulos argentinos
de Wall Street evitar los riesgos que produciría la caída de la
convertibilidad. La operación consistió en cambiar los títulos existentes
por otros que devengaban un interés mucho mayor y a autorizar a los
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bancos del sistema financiero nacional a cambiar reservas líquidas por
los nuevos títulos de la deuda.
La consecuencia de esta operación fue el vaciamiento del sistema
financiero que fugó divisas al disponer de los fondos que sustituyó por
títulos. Las altas tasas de interés que devengaban los nuevos títulos hicieron
que los mercados financieros internacionales se cerraran a la Argentina,
ya que entendían que el alto costo que pagaba por el megacanje la llevaría
a la insolvencia. A esta deuda se le agregó un nuevo e irresponsable
préstamo del FMI de 8.000 millones de dólares denominado salvataje.
La situación del gobierno se fue deteriorando progresivamente, sólo
mantenía el apoyo de algunos gobernadores, del gobierno de los EEUU y de
los organismos de crédito internacionales Tal apoyo distó mucho de ser
efectivo ya que ante la inestabilidad el FMI decidió no conceder un préstamo
ya pactado y planteó la dolarización de la economía, medida que apoyaban
tanto los economistas ligados al establishment como Menem.
El 21 de diciembre Fernando de la Rúa renunció a su cargo,
asumiendo en forma provisional, de acuerdo a la Ley de Acefalía, el titular
del Senado el justicialista Ramón Puerta que convocó a la Asamblea
Legislativa. El 23 de diciembre la Asamblea nombró presidente al
gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, con un mandato acotado
a noventa días para que en ese plazo convocara a elecciones. No obstante
lo limitada que debía ser su gestión tomó una medida de gran
trascendencia económica: «El gobierno argentino suspenderá el pago
de la deuda externa argentina. Esto no significa el repudio de la deuda
externa ni una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del
primer acto de gobierno, que tiene carácter racional para darle al tema
de la deuda externa el tratamiento correcto». En ese momento la deuda
pública de la Argentina ascendía a 132.143 millones de dólares y los
títulos públicos representaban el 72,2 por ciento de ese total.
La gestión de Rodríguez Saá duró sólo siete días, se sucedieron
breves mandatos hasta que la Asamblea Legislativa designó al senador
Eduardo Duhalde al frente del gobierno. Durante su gestión se tomaron
una serie de medidas tendientes a resolver la situación económica y
enero de 2003 se negoció con el FMI la renovación de vencimientos por
aproximadamente 6.800 millones de dólares.
La necesidad de regularizar la situación política frente a las
inquietudes y conflictos sociales, hizo que se llamara a elecciones. El
25 de mayo de 2003 asumió la presidencia de la Nación Néstor Kirchner.
Para resolver el acuciante problema de la deuda externa y en sintonía
con Brasil, una de sus primeras medidas fue cancelar la deuda con el
FMI que era de 9.810 millones de dólares. Ambos gobiernos iniciaban
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Las consecuencias del fallo de Griesa
Como sucedió en 1933, nuevamente la Argentina se encuentra
frente a la necesidad de resolver una situación que compromete a las
futuras generaciones. Los hechos y circunstancias son absolutamente
diferentes pero hay algo que los asemeja: el comportamiento de los
sectores interesados en resolver la cuestión sin tener en cuenta los
intereses de la mayoría, sin importarles que una decisión en contra de
los intereses generales compromete el futuro de todos los argentinos.
Hoy como ayer, se levantan muchas voces desde otras naciones en
defensa de la posición argentina y hoy como ayer, aparecen quienes
están dispuestos a entregar la soberanía nacional.
una era que se extendió por toda la región en la que se decidió terminar
con las políticas de sujeción a ese organismo internacional. En ese marco
se inscriben los dos canjes de deuda de los años 2005 y 2010.
Resulta fundamental realizar el análisis de la situación en la que
nos coloca el fallo de Griesa, no solamente desde las consecuencias
que el no cumplimiento del mismo traería, sino de las consecuencias
trágicas que dejaría su cumplimiento. De un modo muy sintético podría
decirse que el no cumplimiento del fallo trae aparejado problemas en el
plano económico que pueden proyectarse al conjunto de la sociedad. El
cumplimiento del fallo afecta a la sociedad en su conjunto.
Importa señalar también, que los fondos buitre no aceptaron entrar
en la negociación que sí aceptó el 92.4% de los acreedores y que ellos
se hicieron de los bonos comprando deuda argentina por 325 millones de
dólares y que el fallo les permite cobrar una suma de 3.250 millones de
dólares, o sea obtendrían una renta del 1.000% en sólo siete años.
Decididamente un valor que para cualquier legislación de un país «normal»
resulta decididamente usuraria.
Debemos señalar que desde la crisis del 2001, el cierre de los
mercados financieros internacionales obligó a la Argentina a financiarse
con recursos propios y que a partir de la reestructuración de la deuda el
país ha cumplido puntualmente con los servicios de la deuda. Una deuda
que fue reestructurada otorgando a los bonistas el beneficio de la clausula
RUFO (rights upon future offers) cuya traducción sería (derecho sobre
futuras ofertas). La citada cláusula tiene vencimiento el 31 de diciembre
de 2014 y si antes de esa fecha se le ofrece un monto mayor a los
holdouts, los bonistas reestructurados podrían exigir un pago igualitario.
La cláusula provocó una discusión entre los especialistas para
definir si el pago del fallo de Griesa puede ser interpretado como una
mejor oferta a los fondos buitres y a partir de eso se dispare la cláusula
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RUFO. Si bien hay quienes suponen que el cumplimiento del fallo no es
voluntario y por lo tanto no existe riesgo de que se dispare, nadie puede
tener la certeza que otro juez o el mismo Griesa no hagan lugar a reclamos
de bonistas que entraron al canje. Las consecuencias de un fallo en ese
sentido harían que la deuda argentina se eleve y podría llegar a una cifra
que sepultaría definitivamente las posibilidades de tener un país viable.
Sebastián Soler, un prestigioso abogado especialista en el tema
que cursó una maestría en derecho en la Universidad de Harvard, afirma
que: «El fallo es jurídicamente extravagante y técnicamente defectuoso.
Lo de extravagante no lo digo yo, lo dice el gobierno de Estados Unidos
que en el escrito que respaldó la postura argentina frente a la Cámara de
Apelaciones expresó literalmente: «La interpretación inédita que hace el
juez de una cláusula contractual estándar es contraria al interés público
de los Estados Unidos porque altera las expectativas razonables y no
controvertidas de cómo debe interpretarse esta clase de disposiciones
de los bonos soberanos».
Agrega el especialista que: «es técnicamente defectuoso porque en
solo 10 días, desde que el fallo quedó firme, se acumularon demandas,
intimaciones y pedidos de aclaraciones de innumerables terceros afectados
que no solo lo cuestionan, sino que ni siquiera lo entienden. Frente al hecho
ineludible de un fallo de estas características, Argentina actuó correctamente.
Desde un principio ha expresado que está dispuesto a dialogar para alcanzar
condiciones que le ofrezcan una solución al 100 por ciento de sus acreedores,
o sea los buitres, los demás holdouts y los bonistas del canje».
No hay dudas que de acuerdo a esta fundamentada opinión y debido
a la magnitud de la cifra de deuda que se dispararía, no resulta aconsejable
el pago de la sentencia sobre todo porque el juez Griesa dejó sin efecto el
«stay», que era una medida de no innovar que le hubiera permitido a la
Argentina pagar a los acreedores sin el riesgo de la cláusula RUFO.
En ese mismo sentido, el diario inglés Financial Times afirmó
que: «Las opciones- pagarles a los holdouts, alcanzar un acuerdo con
ellos, transferir deuda reestructurada a legislación doméstica y completo
default, parecen costosas, humillantes, difíciles o perjudiciales. Peor
son las consecuencias a largo plazo para las reestructuraciones de
deudas». «Pero el juez Griesa embarró aún más el terreno al negarse
a conceder un nuevo ‘stay’ sobre su fallo que obligaba al país a pagarles
a los holdouts la totalidad de la deuda, al mismo tiempo que la Argentina
paga a sus bonistas reestructurados».
Ante el fallo y el derecho de los tenedores que entraron al canje, la
Argentina movió sus piezas en este complicado ajedrez que generó la justicia
norteamericana y depositó los fondos correspondientes al vencimiento de
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deuda que se produjo el 30 de julio. En la revista Foreign Affaires, una
publicación del Council of Foreign Affaire, de la Unión Europea, Felix Salmon,
un especialista en finanzas, en un artículo titulado «Soberanos contra buitres,
cómo las cortes de los Estados Unidos están trastocando las finanzas
internacionales». Consideró que el fallo de Griesa no es justo y acusó a la
Corte Suprema de los Estados Unidos de ser «peligrosamente fundamentalista»
y de «tener el poder para poner a una nación soberana de rodillas».
Respecto a la posición argentina sostuvo: «Creo que la Argentina
está haciendo una acción inteligente, diciendo `estamos tratando de pagar
esto, pero el problema es que el dinero no llegará realmente a los bonistas
No pueden decir que no intentamos, lo hicimos, pero no es nuestra culpa,
sino de la Corte de los Estados Unidos`. Esto no sería leído como un
default, en el sentido de un cese de pagos voluntario, sino como un
default forzado».
Como manifiesta Aldo Ferrer: «… la fortaleza que conservamos
es suficiente para negociar sin miedo ni urgencias. Haya o no acuerdo,
el país está parado en sus propios recursos, sin depender de las
calificadoras de riesgo ni del salvataje internacional. Si no hay acuerdo,
se sumarán nuevos embargos a los 900, incluida la fragata, ya
entablados, sin que se interrumpieran las relaciones normales de la
economía argentina con el resto del mundo. Si, como está sucediendo,
Argentina pone a disposición de los acreedores los servicios de la deuda
reestructurada, los problemas son responsabilidad de quien interfiere
en la interrupción de la cadena de pagos».
La Argentina ha pagado y continúa negociando, pero no es posible
hacerlo en las condiciones que el fallo de Griesa y el deseo de los fondos
buitres proponen. La justicia de los EEUU, a través del fallo de un juez, impide
que los bonistas que aceptaron el canje cobren lo que el gobierno argentino y
posiblemente las calificadoras de riesgo entiendan que eso es un default.
Las consecuencias de este falso default significará que las
consultoras de riesgo suban el «Riesgo País», que baje la cotización
bursátil de los bonos de deuda, que se encarezca la tasa de
endeudamiento para el sector privado, que se eleve la cotización del
dólar, que disminuyan las inversiones productivas extranjeras y baje la
consideración del país en los foros internacionales. Nada de esto resulta
demasiado grave para una Nación que se vio obligada a vivir con sus
propios recursos luego de la formidable crisis a la llevaron las recetas
neoliberales en el año 2001. Por otra parte el falso default sería provisorio
ya que en diciembre vence la cláusula RUFO y el país vuelve a estar en
condiciones de negociar sin esa presión.
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La Argentina ha obtenido un respaldo internacional como nunca
antes logró frente a situaciones difíciles, desde la OEA, el Mercosur, la
CELAC, UNASUR, los BRIC, Rusia, China, presidentes de la región (Evo
Morales, Dilma Rouseff, Pepe Mújica, Michelle Bachelet), medios
periodísticos como el New York Times, por citar sólo algunos ejemplos.
Lo que resta es negociar sin afectar la soberanía nacional, lo que
está en juego, es la viabilidad de un país y el futuro de varias
generaciones. Esta es una cuestión de estado y eso nos obliga a todos.
Hay que impedir que priven los intereses de los fondos buitre y de sus
aliados locales, capaces de traicionar a la patria en busca de réditos
personales. Este no es el problema de un gobierno, es un problema
nacional, por eso no valen especulaciones políticas de ningún tipo y
todos debemos alinearnos detrás del objetivo común de proteger al país
de las garras de la especulación financiera internacional.
Julio de 2014
Roberto Martínez - Alejandro Molinari - Natalio Etchegaray
OBRAS PUBLICADAS
- El habla de los argentinos: Identidad, inmigración y lunfardo
- La educación pública; Pasado, presente y futuro
- De la vigüela al fueye. Las expresiones culturales argentinas que
conducen al tango
- La construcción de la ciudadanía. El largo camino hacia la
participación popular
- Tango y sociedad. La epopeya del tango y la sociedad argentina.
- El Fútbol. La conquista popular de una pasión argentina
- Argentina: Desde los pueblos originarios hasta la consolidación
de la democracia.
- Protocoleando. Notariado y lunfardo
- Canto de casuarinas
- El pañuelo blanco
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